En México se ha montado una polémica en torno a la decisión sobre el PRECIO FIJO del libro. Por más que en España la cuestión está resuelta, al menos en términos legislativos, no es infrecuente que se vuelva al tema; periódicamente con respecto a los libros de texto y su muy diversa distribución y más puntualmente con episodios como el reciente e irresuelto CASO ABACUS.
La propia Conselleria de Cultura, a través del Institut Català de les Industries Culturals (ICIC, fijó su posición inicial en un comunicado de marzo pasado.
Los argumentos, en favor y en contra, suenan siempre un poco a demagogia. Se trata, dicen algunos, de proteger al lector. ¿Es que no le puede interesar al sufrido lector buscar el mejor precio? ¿En qué le favorece contar con un precio unificado, alto o bajo, del libro apetecido?. Otros replican: las librerías (puntos de venta en general) son grandes y chicas, cercanas y lejanas, en régimen de autoservicio o con personal eficazmente profesionalizado (prescriptor), presenciales y virtuales, generalistas o especializadas... ¿Todas tienen el mismo coste? ¿Ofrecen todas el mismo servicio? ¿Es que el producto es el único coste a tener en cuenta en la formación del precio?
Puede decirse que el precio fijo favorece al comprador particular, pero ¿y a las administraciones públicas que ofrecen financiación o subvención directa?, ¿y a los grandes compradores?, ¿y a las redes de bibliotecas?
¿En qué quedamos, todos o ninguno?
Complicado, prolijo el problema.
Una apostilla casi sarcástica: "Los libreros deben pensar en estrategias que sirvan para competir, incluso, frente a supermercados." Olé.
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